La contratación pública es uno de los sectores más susceptibles al fraude, la corrupción y los conflictos de interés en América Latina. A pesar de los avances normativos y tecnológicos, persisten prácticas opacas y estructuras contractuales que permiten desviar recursos públicos bajo la apariencia de legalidad. En este escenario, la auditoría forense y la auditoría interna pueden (y deben) converger para implementar un enfoque basado en riesgo que no solo detecte irregularidades, sino que anticipe escenarios de fraude y mejore la tomadedecisionesinstitucionales.

Auditoría forense en contratación pública: más allá del hallazgo

La auditoría forense no se limita a identificar desviacionesnormativas o errores materiales. Su propósito es reconstruir, validar y evidenciar el uso indebido de recursos, determinar responsabilidades y entregar pruebas válidas para procesos judiciales o disciplinarios. En contratación pública, esto implica analizar:

• La trazabilidad de los procesos de selección desde su etapa precontractual hasta la liquidación.
• El cruce entre contratos adjudicados y patrones de comportamiento financierodel proveedor.
• Posibles vínculos entre contratistas y funcionarios a través de análisis patrimonial, redes relacionales o coincidencias temporalessospechosas.
• Pagos duplicados, precios artificialmente inflados o entregables inexistentes.

El rol estratégico de la auditoría interna

Por su parte, la auditoría interna, al estar estructuralmente integrada a la entidad, puede identificar desviaciones desde etapas tempranas, generar alertas preventivas y sugerir controles correctivos antes dequelos riesgossematerialicen.

Sin embargo, su impacto depende de la capacidad de evolucionar de un enfoque reactivo a uno basado en riesgos, priorizando auditorías según:

• El valor económico de los contratos.
• La exposición a riesgos inherentes del objeto contractual.
• El historial del proveedor y de los supervisores responsables.
• La complejidad técnica o territorial del contrato.

Sinergia necesaria: de compartimentos aislados a colaboración forense

En numerosas entidades, la auditoría forense y la auditoría interna operan de manera desarticulada, como funciones aisladas entre sí. Esta falta de integración conlleva duplicidad de esfuerzos, enfoques metodológicos divergentes y, en muchos casos, pérdida o subutilización de evidencia crítica. Para revertir esta situación y fortalecer el control institucional, se proponen cinco líneas estratégicas de articulación operativa:

1. Mapeo conjunto de riesgos en contratación pública, usando criterios forenses desde la planeación.
2. Definición de alertas tempranas compartidas, con protocolos de actuación frente a posibles irregularidades.
3. Acceso cruzado a herramientas tecnológicas, como software de análisis de contratos, minería de datos y sistemas de trazabilidad financiera.
4. Protocolos de escalamiento forense: cuándo una alerta interna debe convertirse en un caso investigativo.
5. Construcción colaborativa de informes, conanexostécnicos que respalden el análisis contable, legal y financiero.

Casos de impacto: lo que revela la evidencia

En auditorías forenses realizadas en programas de infraestructura, salud y subsidios sociales, se ha identificado que la intervención temprana de auditoría interna –cuando se coordina con forenses– permite reducir hasta en 40% el tiempo de reacción ante esquemas de fraude, y aumenta la eficacia probatoria en procesos disciplinarios o penales.

Por ejemplo, en procesos donde auditoría interna identificó ineficiencias contractuales (como actas de inicio retroactivas o adiciones injustificadas), la auditoría forense logró documentar patrones de concertación falsificación o simulación contractual que derivaron en acciones legales contundentes.

En resumen, blindar la contratación pública requiere romper silos institucionales y construir una arquitectura de control centrada en el riesgo. La interacción entre auditoría forense y auditoría interna no es solo deseable: es urgente. Solo mediante esta sinergia será posible detectar a tiempo los mecanismos que erosionan la confianza pública y comprometen el buen uso de los recursos del Estado.