Simón Guzmán, experto en auditoría financiera y en servicios forenses de la consultora Deloitte, muestra los avances en lucha anticorrupción desde las mismas corporaciones. Resaltó la importancia de la capacitación. Vino para participar en el Foro Internacional de Contabilidad, que organizó la Universidad del Pacífico.

¿Qué lecciones deja Lava Jato para las corporaciones?

Que pensemos en la lucha anticorrupción como fundamental. Y una parte es prevención. Perú tiene una buena norma, el Decreto Ley 1352, que falta reglamentar. Esta norma asigna writemyessay responsabilidad administrativa a la empresa. Las sanciones van desde pérdida de funcionamiento, desvinculación de personas, hasta toma administrativa. Lo importante es qué hacer de prevención, contención y respuesta hacia el mercado.

¿Cómo ve el desempeño del Perú en este megacaso?

En general, el hecho de que haya medidas en contra de presidentes es notable. Lo importante es que haya castigo.

¿Se les puede mantener la confianza a empresas que han cometido tamaña corrupción?

Cero tolerancia a la corrupción implica también determinaciones apolíticas. Hay que entender cómo retirar una empresa puede afectar el desarrollo de obras y pensar en alternativas. Se debe determinar hasta qué niveles se ha llegado en cada caso y tomar la mejor decisión…

¿Qué debe hacer el Estado para evitar casos similares?

Los Estados deben pensar en estructurar áreas de control e interventoría fuertes, que puedan acompañar de manera efectiva la ejecución de los proyectos, que eviten y mitiguen riesgos de fraude, corrupción y soborno. Es una falla muy fuerte en Latinoamérica. Pero hay compañías especializadas.

¿En el Perú cómo estamos en cuanto a las exigencias del Estado a las corporaciones respecto a lucha anticorrupción?

Hemos visto con mucha tranquilidad que salió el Decreto Legislativo 1352. Antes, la Ley 30424, sobre lavado de activos, anticorrupción y demás. La iniciativa legal existe. Pero debe haber una ejecución debida de los recursos.

¿No se está haciendo?

¿Por qué se permite, a través de un cierto relajamiento de los controles, que empresas cometan actos de corrupción? ¿Por qué no se acompaña a las empresas para que puedan estructurar sistemas de prevención de riesgo, de control de riesgo, medidas de atención y de investigación profunda? El enemigo número uno del Estado es la impunidad. Los hallazgos de la Fiscalía, Poder Judicial, Contraloría, etc., deben llegar a buen término. Y que la gente perciba que hay sanción efectiva. No que parezca depender del bolsillo.

¿Cómo se explica que auditoras hayan evaluado proyectos que luego resultaron estar implicados en Lava Jato?

Hay limitaciones. Es muy difícil probar un soborno. Aún con las mejores prácticas, hay un porcentaje de riesgo y allí pueden estar esas transacciones. Necesitan acompañarse de conocimientos forenses, de investigación especial, etc.

No son garantía entonces.

La función de auditoría es casi fiduciaria: no garantizan resultado. Hacemos lo mejor posible para dar un dictamen. No necesariamente implica que garantice que no va a haber fraude o delito. Lo importante es que siempre haya un acompañamiento de experto.

En Latinoamérica, ¿cómo estamos comparativamente?

Está la encuesta de Transparencia. En Latinoamérica los únicos países con buen nivel de contención contra la corrupción son Chile y Uruguay. El resto está por debajo de la media. Es necesario fortalecer las medidas reglamentarias, regulatorias, de control… Es la percepción de la corrupción, que te dice: «en esos países es más difícil pagar sobornos».

En el Perú, esta encuesta muestra que la corrupción alta preocupa pero hay alta tolerancia a la corrupción menuda…

Es cultural. Hay que trabajar por castigar esas muestras de corrupción menuda. Que tampoco haya impunidad allí.